Feudalismo contemporáneo

Esperanza Aguirre ha intentado encender a toda España con su llamada a la rebelión en contra de la subida del IVA. Los que critican esta medida dicen que no es justo que los ciudadanos paguen la crisis y que no ayudará a la recuperación económica. El PSOE la ve como una buena manera para reducir el déficit, y explica que España experimenta un IVA entre los más baratos en Europa. Sin embargo, este artículo no trata las ventajas y desventajas de esta medida, sino lo que significa el gesto de Aguirre, que puede considerarse una defensora heroica de los valores del PP o una rebelde que daña la unidad y cohesión del partido.

La capacidad de Aguirre de hacer gestos tan audaces es impresionante. Fomenta la rebelión en contra del gobierno mientras las tasas y impuestos suben más rápidamente en Madrid que en cualquier sitio en el país. ¿Cómo puede pasar? La respuesta está en el sistema de autonomías, un sistema improvisado durante la transición. El sistema ha permitido el crecimiento (o el seguimiento) de oligarquías locales. La política nacional se reproduce a nivel local, que de hecho importa más, dado el poder enorme que ejercen las autonomías. Los Presidentes son barones medievales de su feudo personal, que han construido sus propias estructuras de poder en las áreas locales, por ejemplo Camps (que recibe mucho apoyo en Valencia a pesar del caso Gürtel) y Aguirre (que suele desafíar indirectamente a su líder, Rajoy.) Forzando la línea entre el estado y la autonomía, estos barones demuestran su poder y influencia por gestos como censurar una exposición cultural en Valencia, o usar a Telemadrid como portavoz del Partido Popular.

Los intereses locales afectan a la percepción de la política nacional y por consecuencia las oligarquías están en la situación ventajosa de poder manipular la introducción de la legislación dentro de su región y culpar al gobierno con los problemas. Las autonomías donde el PP tiene el poder, pueden funcionar como un contrapeso eficaz en contra del gobierno nacional, ya que pueden quejarse a gritos y dar largas a la introducción de leyes nacionales dentro de su feudo. No es justo que la legislación social (promulgada como política nacional) puede implementarse de una manera completamente distinta según la región y la política local/regional, en detrimento de los ciudadanos. El sistema impide la introducción eficaz y eficiente de las leyes.

¿Dónde está la línea de responsabilidad entre las autonomías y el estado? No creo que se haya dibujado todavía. Significa el malgasto de millones de euros mientras la responsabilidad se pasa entre el gobierno nacional y regional (véase la Ley de la Memoria Histórica por ejemplo: las autonomías y el gobierno han declarado que la responsabilidad de su ejecución depende del otro), además del mantenimiento de una administración pública enorme; España tiene muchos más funcionarios que otros países europeos.

Hay muchos problemas con el sistema actual, pero no significa que debería abolirse. El sistema de las comunidades autónomas podría funcionar, pero se necesita una jerarquía más clara con respecto a las responsabilidades del gobierno regional y nacional, y menos oligarquías regionales. Los Presidentes necesitan darse cuenta de que tienen una obligación con sus ciudadanos locales y con el gobierno nacional, no simplemente el mantenimiento de su feudo personal. La línea necesita dibujarse urgentemente.

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